Presunción de inocencia

Por: Samuel Rodríguez Dicen los clásicos que el Congreso es y ha sido la caja de resonancia de la actividad política de la sociedad. En efecto es así, particularmente porque en él se encuentran representadas la mayor parte de las fuerzas políticas y cada acción que sucede o cada comentario que en el recinto legislativo se hace, impacta por la dinámica de la representación popular que se tiene, aun cuando dichos impactos pueden tener repercusiones negativas para la gente que en algún momento confió y respaldó a cada uno de los representantes de los partidos políticos. Lo anterior se comenta porque en días recientes diversos medios de comunicación e informaciones oficiales han confirmado lo que hace meses se mencionaba con cierta discreción en los corrillos políticos; que varias administraciones municipales se encontraban bajo investigación por presuntas irregularidades detectadas en diversos ejercicios que van de 2014 a 2017 y a partir de esta información en el Congreso se desataron una serie de declaraciones, particularmente de quienes siempre habían señalado y creían que jamás serían señalados o llamados a cuentas. En lo personal he declarado algo de lo que estoy plenamente convencido; que en el legislativo se debe privilegiar siempre, por sobre cualquier interés partidista o de grupo, la presunción de inocencia. Pero también estoy convencido que dicha aseveración, de ninguna manera debe significar arrojar un manto de protección o de impunidad sobre quienes en algún momento sean señalados como presuntos responsables de situaciones irregulares, esto aún y tratándose de integrantes con afinidad de la misma fuerza política de quien lo declare. Porque la presunción de inocencia se convertirá en inocencia plena precisamente cuando, como resultado de las investigaciones correspondientes, se determine que en efecto los señalados no habían cometido ninguna irregularidad o falta administrativa. Es particularmente sorprendente escuchar expresiones como “cacería de brujas” “investigaciones con tintes políticos, “persecución política”, precisamente en voz de quienes cuando no eran gobierno veían la paja en el ojo ajeno y hoy voltean a otro lado o hacen estridentes declaraciones para que no se perciba la viga en el ojo propio. La sociedad debe reprobar enérgicamente que quienes se ostentan como representantes populares, pretendan aprovechar la fortaleza que les da precisamente el respaldo social para haciendo uso de esa caja de resonancia que es el Congreso, tratar de entorpecer lo que las autoridades judiciales realizan que precisamente es comprobar esa presunción de inocencia que la ley nos da a todos los ciudadanos sin distingo de colores o partidos políticos. Por cierto, en los últimos días ha llamado la atención la información emitida por el Ayuntamiento de Saltillo respaldado por la empresa auditora Deloitte en la que se detectaron a la Administración anterior presuntas irregularidades por el orden de 359 millones de pesos, pero como aquí lo hemos dicho Isidro López se presume inocente y de ninguna manera su búsqueda de un puesto de elección popular debe interpretarse como la búsqueda de fuero constitucional