Desplaza violencia a 12 familias

Saltillo, Coahuila.- El fenómeno del desplazamiento forzado de personas no es un problema exclusivo de estados como Oaxaca, Chiapas y Guerrero, puesto que en Coahuila también se tienen registros de eventos similares.

Lo ocurrido en la colonia Nuevo México, en Torreón, y en Allende, por la penetración del crimen organizado, que obligó a la salida de familias de sus viviendas, se suma a lo acontecido el año pasado en la colonia La Palma, en Saltillo, donde el enfrentamiento entre pandillas obligó a 12 familias a abandonar sus hogares. La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), publicó el documento “Episodios de Desplazamiento Interno Forzado Masivo en México, Informe 2017”, y en él aparece Coahuila, como uno de los nueve estados que han sufrido ese fenómeno, informó la diputada Elisa Catalina Villalobos Hernández. Entre 2009 y 2017, por lo menos 310 mil 527 personas tuvieron que desplazarse de manera forzada, debido a la violencia o a conflictos territoriales, religiosos o políticos. “En México, miles de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares como una medida reactiva o preventiva para evitar ser víctimas de la violencia y riesgo que existe en diferentes entidades. “Ante el temor a que la violencia aumente y las consecuencias sean fatales para sus vidas, se ven forzados a tomar medidas extremas como escapar y dejarlo todo. De no hacerlo, su vida y la de su familia podrían estar en grave peligro”. Las personas o familias huyen del hogar, de la colonia o municipio donde residían, hacia otro sector, localidad o estado, para evitar ser víctimas de la violencia, de venganzas, de un enfrentamiento entre grupos criminales, de reclutamiento forzado y de violaciones a derechos humanos. Refirió que el desplazamiento interno forzado consecuencia de la violencia en México es una problemática con presencia creciente en el país, cuyas víctimas se encuentran en un estado de completa desatención y profunda vulnerabilidad. Consideró que la Constitución de Coahuila debe garantizar la protección a las familias desplazadas por la violencia y no deben ser criminalizadas, más aún cuando los órganos del Estado responsables de proporcionar seguridad son incapaces de hacerlo.